- De acuerdo a la ministra del Interior, al problema del financiamiento se añaden otras dificultades (aún por resolver) las cuales analizó ante la comisión investigadora sobre la macrozona Norte de la Cámara de Diputados. Acá un resumen de las complejidades de dar cumplimiento a los decretos legales en materia de migración.
Isabel Frías
Periodista U.C.
En un intervención sincera y provista de muchos antecedentes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció ante la comisión investigadora sobre la llamada macrozona Norte que existe un “costo gigantesco” asociado a las expulsiones aún pendientes de extranjeros. Sin embargo, aunque reconoció la complejidad del asunto, “nosotros no topamos en recursos” sino que la tardanza estaría asociada de otros factores asociados a esos procedimientos que se encuentran incluso firmados de manera reglamentaria.
A modo de contexto, la secretaria de Estado precisó que –a la fecha– existen 20.931 expulsiones pendientes o por materializar de ciudadanos extranjeros, los cuales de acuerdo a la Ley vigente en Chile deberían abandonar el territorio nacional. Se trata, en todo caso, de un número generado a partir del año 2013 y con corte en diciembre del año pasado Se trata de expulsiones administrativas por ingreso clandestino que no se han podido concretar.
Sobre la naturaleza de la problemática de las expulsiones, Tohá explicó detalladamente a los parlamentarios que “hay varias causas: La primera es que para ejecutarse completa la expulsión, tiene (que realizarse) un trámite que estamos corrigiendo ahora porque precisamente es muy engorroso, y hace muy factible para la persona expulsada hacerse inubicable”.
En segundo término, la titular del Interior expuso como otra área de dificultades radica en la coordinación operativa, la cual “es bastante compleja e insuficientemente desarrollada”.
Acto seguido, aclaró en tercer lugar que “tenemos expulsiones que no podemos lograr, porque el país de origen no nos da plan de vuelo, no nos permite enviar un avión con personas; nos pasa con Venezuela, por ejemplo. Uno no expulsa a cualquier lugar, uno expulsa al país de origen, y si el país de origen no da las facilidades, es muy difícil ejecutarlas”.
VENEZUELA NO AYUDA
Cabe destacar que al asumir la administración del Presidente Gabriel Boric, en marzo del 2022, ya se habían acumulado 20 mil decretos de expulsión. Pero, durante los meses del actual gobierno, a esa cifra se han añadido otros 931 casos.
De acuerdo a los datos que maneja el Servicio Nacional de Migraciones y el Congreso, en lo que va corrido de 2023 se han concretado 140 expulsiones de migrantes y el costo estimado de cada una de estos trámites para el Estado de Chile estaría en una suma del orden de los 2 millones 700 mil pesos de manera unitaria.
En otras palabras, el costo financiero de concretar las 20.931 expulsiones pendientes ascendería a una suma que supera los 56 mil millones de pesos en total.
Preocupa en particular la situación mayoritaria respecto de migrantes provenientes de Venezuela debido a que este país “no ha sido colaborador en facilitar que las personas que tienen un decreto de expulsión en Chile vuelvan a su territorio”, aseveró.
De acuerdo a los trámites y reglamentos de rigor que aplican en estos casos, Carolina Tohá también dijo que “cuando se decreta una expulsión, hay 48 horas para ejecutarla, no es que la tienes ahí y tienes semanas tramitándola”, añadiendo que “si no la ejecutan en 48 horas, deja de estar vigente ese decreto de expulsión y hay que formular uno nuevo, y no puedes retener a una persona más de 48 horas antes de expulsarla”.
La ministra Carolina Tohá, además, adelantó la nueva estrategia: “Una de las cosas que vamos a hacer es que estas 48 horas las vamos a extender. Vamos a tener un mayor margen de tiempo, estamos pensando en duplicar, hay otro grupo de parlamentarios que piensa darle 24 horas más”.