La escalada de violencia y agresividad en espacios públicos y privados ha llevado a
una reflexión crítica sobre el papel y la protección de la seguridad privada frente a estos
desafíos. En el núcleo de esta problemática se encuentran los vigilantes y guardias de
seguridad, quienes día a día se enfrentan a riesgos significativos en el ejercicio de sus
funciones. La disparidad en la capacidad de defensa entre aquellos que pueden portar
armas de fuego y los que no, plantea serias preguntas sobre la eficacia y ética de las
políticas de seguridad vigentes.
La legislación actual permite a los vigilantes privados el porte de armas para la defensa
de la propiedad y su propia integridad. Sin embargo, los guardias de seguridad, pese a
enfrentar peligros similares, a menudo carecen de medios disuasivos efectivos contra
agresiones armadas, dejándolos en una vulnerabilidad alarmante. Los informes de
lesiones graves y muertes entre los guardias de seguridad son un testimonio sombrío
de esta realidad.
El aumento en los incidentes violentos no es un fenómeno aislado. Está
intrínsecamente ligado al incremento de la delincuencia, el narcotráfico y las nuevas
modalidades delictivas asociadas a la migración no regulada. Esta compleja trama
social demanda una respuesta multifacética donde la seguridad privada juega un papel
crucial, pero también profundamente problemático en su estado actual.
Es imperativo preguntarnos hasta qué punto la sociedad está dispuesta a aceptar las
consecuencias de estas políticas de seguridad. La muerte de personas, muchas de las
cuales carecen de la formación adecuada para manejar situaciones de crisis, es un
precio demasiado alto. La legislación debe ser clara y proporcionar los medios para una
defensa adecuada, equilibrando el derecho a la seguridad con el respeto a la vida y la
integridad física.
El Estado tiene la responsabilidad ineludible de regular estos asuntos de manera justa
y efectiva. Esto incluye no solo la formulación de leyes más robustas y comprensivas
sino también asegurar su cumplimiento efectivo por parte de las fuerzas del orden,
como Carabineros. La fiscalización es crucial para garantizar que las medidas
adoptadas sean las adecuadas y estén en línea con los principios de proporcionalidad y
necesidad.
La seguridad privada, mientras tanto, debe evolucionar. Debe pasar de ser
simplemente un mecanismo de defensa de la propiedad a ser una parte integral de una
estrategia de seguridad pública más amplia, que considere la protección de las
personas como su objetivo principal. Esto implica una mejor capacitación, regulaciones
más estrictas sobre el uso de la fuerza y una mayor coordinación con las autoridades
policiales.
En última instancia, la seguridad no puede ser una responsabilidad exclusiva del sector
privado ni puede basarse únicamente en la fuerza. La prevención, la educación y la
inclusión social deben ser los pilares de cualquier estrategia efectiva contra la
delincuencia. Solo así podremos construir una sociedad más segura y justa para todos,
donde los guardias de seguridad no sean vistos como meros instrumentos de defensa,
sino como miembros valiosos y protegidos de nuestra comunidad.
Por Patricio Meza García, Administrador en Seguridad Pública.