por Patricio Meza García, Administrador en Seguridad Pública
En los últimos años, Chile ha experimentado un alarmante aumento en los índices de criminalidad, una situación que impacta directamente en la sociedad y que requiere una atención inmediata por parte de las autoridades. Este fenómeno, que se evidencia en el crecimiento de armas de fuego en manos de delincuentes, el aumento de homicidios y situaciones extremas como el narcotráfico y la migración irregular, demanda respuestas urgentes.
Una de las preocupaciones más destacadas es la proliferación de armas de fuego en manos de delincuentes. Este fenómeno no solo ha contribuido al incremento de homicidios, sino que también ha normalizado una violencia que antes era excepcional. La violencia armada ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una realidad que afecta a diario a la sociedad chilena.
El narcotráfico, por otro lado, presenta un desafío significativo para las fuerzas de seguridad, que en ocasiones se ven sobrepasadas por la complejidad de esta problemática. La lucha contra el tráfico de drogas requiere estrategias eficientes y coordinación entre las distintas instituciones encargadas de velar por la seguridad.
El impacto de la migración irregular en la criminalidad es innegable. Se ha observado la introducción de nuevos delitos, como el sicariato y el secuestro express, que antes no eran comunes en Chile. La falta de control en la migración ha permitido la entrada de personas que participan en actividades delictivas, generando una presión adicional sobre las fuerzas de seguridad.
Desde 2019, se advertía sobre el crecimiento de organizaciones criminales, evidenciando una necesidad urgente de ajustar la legislación para hacer frente a esta nueva realidad delictiva. Organizaciones como el Tren de Aragua han encontrado un terreno propicio para sus operaciones en el país.
La reciente modalidad delictiva de “tubazos” a centros comerciales, ejecutada por migrantes, especialmente venezolanos, pone de manifiesto la necesidad de abordar el problema de la migración irregular de manera integral y efectiva. La seguridad pública debe ser una prioridad absoluta del gobierno actual, actuando con celeridad para evitar un escenario de no retorno.
Es imperativo que las políticas en seguridad pública sean abordadas de manera transversal, dejando de lado ideologías y centrándose en soluciones pragmáticas. La ciudadanía demanda respuestas efectivas y acciones concretas que frenen el crecimiento descontrolado de la criminalidad. Las encuestas reflejan que la seguridad se ha convertido en la principal preocupación de la población, y el gobierno debe responder con medidas que restauren la confianza y garanticen un entorno seguro para todos los chilenos.