Por Patricio Meza García Administrador en Seguridad Pública
En los últimos tiempos, hemos sido testigos de un preocupante aumento en los delitos contra las
personas con un alto nivel de violencia. Asaltos, agresiones, y homicidios se han convertido en una
dolorosa realidad en muchas comunidades, y la reincidencia de los delincuentes agrega un nivel
adicional de inquietud. En medio de esta escalada de la criminalidad, el estado tiene la responsabilidad
primordial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, quienes se enfrentan a un temor creciente a
nivel nacional.
La situación actual nos obliga a cuestionar la efectividad de nuestro sistema de justicia y las políticas de
prevención del delito. La preocupación no radica únicamente en la cantidad de delitos violentos, sino
también en la tendencia de aquellos que han sido condenados a reincidir en comportamientos
criminales. Esta reincidencia no solo representa un fracaso en la rehabilitación de los delincuentes, sino
también un peligro continuo para la sociedad en su conjunto.
Uno de los desafíos fundamentales que enfrentamos es encontrar un equilibrio entre la rehabilitación y
la retribución en el sistema de justicia penal. Es importante que brindemos oportunidades para la
reintegración de los delincuentes en la sociedad, pero no a expensas de la seguridad pública. La
reincidencia pone en evidencia que, en algunos casos, nuestro enfoque actual no está logrando
modificar el comportamiento delictivo.
Es necesario que el estado invierta en programas de rehabilitación y reinserción efectivos que aborden
las causas subyacentes de la criminalidad, como la falta de educación, empleo y oportunidades. Al
mismo tiempo, debe garantizar que las penas impuestas a quienes reinciden sean proporcionales y
disuasivas, evitando que se conviertan en un ciclo repetitivo de encarcelamiento y liberación.
El miedo que experimentan los ciudadanos ante la creciente ola de delitos violentos no debe ser
subestimado. El temor a ser víctima de un crimen afecta la calidad de vida de las personas y socava la
confianza en las instituciones. El estado tiene el deber de tomar medidas concretas para abordar esta
situación, fortaleciendo la presencia policial en áreas de alto riesgo, mejorando la investigación y
persecución de delitos, y brindando apoyo a las víctimas.
Además, es imperativo que el sistema de justicia penal sea eficiente y transparente. Los largos procesos
judiciales y la impunidad minan la confianza en el sistema. Las reformas que aceleren los procedimientos
judiciales y mejoren la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia son
esenciales.
En última instancia, la seguridad ciudadana es un derecho fundamental que el estado debe proteger. Los
ciudadanos no deben vivir con miedo constante a ser víctimas de delitos violentos, y la reincidencia de
los delincuentes no puede ser pasada por alto. El estado tiene la obligación de abordar estos problemas
de manera eficaz y garantizar un entorno seguro para todos los ciudadanos. La seguridad no debe ser un
lujo, sino un derecho universal que todos merecen.