Por Patricio Meza García
Administrador en seguridad pública.
La prevención situacional, un enfoque centrado en la reducción de oportunidades para la comisión de delitos a través de la modificación del entorno, se posiciona como un pilar fundamental en el diseño de políticas públicas orientadas a la seguridad ciudadana. Este enfoque no solo contempla la disuasión del acto delictivo en sí, sino que también apunta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promoviendo espacios públicos limpios, bien iluminados y seguros. La preocupación por el estado de las calles, su mantenimiento e iluminación, no solo es una cuestión estética o de comodidad, sino un tema de vital importancia para la prevención del delito y la protección de la salud pública.
La oscuridad proporciona un velo de impunidad bajo el cual prosperan actividades como el consumo y la venta de drogas, así como la comisión de delitos que atentan contra las personas. Las aceras mal iluminadas se convierten en escenarios propicios para que los delincuentes actúen con mayor libertad, aumentando el riesgo para los ciudadanos que transitan por ellas. En este sentido, un esfuerzo concentrado en mejorar la iluminación en espacios públicos puede ser una estrategia efectiva para disuadir actividades delictivas y proporcionar a la población una sensación de seguridad.
Por otro lado, la limpieza de las calles trasciende la mera cuestión de la presentación. La acumulación de desechos no solo es desagradable a la vista, sino que también atrae focos de infección y vectores como roedores, creando problemas de salud pública. La gestión eficiente de los residuos y la limpieza regular de las áreas públicas son esenciales para prevenir estas amenazas a la salud comunitaria.
La situación de las personas en situación de calle representa un desafío complejo. La falta de acceso a servicios básicos para estas personas, como lugares adecuados donde realizar sus necesidades fisiológicas, contribuye a problemas de salubridad en los espacios públicos. Además, la presencia significativa de individuos con dependencia de sustancias o problemas de salud mental entre la población sin hogar requiere de una respuesta multidimensional que aborde tanto las necesidades inmediatas como las causas subyacentes de su situación.
Frente a este panorama, surge la interrogante sobre quién debe tomar las riendas en la implementación de estrategias de prevención situacional y en el manejo de la problemática de las personas en situación de calle. La respuesta no es sencilla ni única, pero es imperativo que el Estado asuma un rol protagónico. Es responsabilidad de las autoridades no solo garantizar la seguridad pública, sino también asegurar que todos los ciudadanos, sin importar su situación, tengan acceso a condiciones básicas de vida que respeten su dignidad.
Este deber estatal no se limita a la acción represiva contra el delito, sino que abarca la creación de un entorno seguro y saludable para todos. Ello implica no solo el empadronamiento y la asistencia directa a personas en situación de calle, incluyendo migrantes, sino también la inversión en infraestructura, servicios públicos y programas de inclusión social que aborden las raíces de la problemática.
La seguridad, entendida desde una mirada más doméstica, comienza por garantizar un entorno limpio, iluminado y accesible para todos los ciudadanos. La prevención situacional, al enfocarse en el diseño y mantenimiento de ese entorno, ofrece una hoja de ruta clara hacia una sociedad más segura y justa. La implementación de estas estrategias, sin embargo, requiere de un compromiso colectivo y de la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil. Solo a través de una acción concertada podremos construir espacios públicos que fomenten el bienestar comunitario y minimicen las oportunidades para la delincuencia.