Ahora se iniciará la votación en particular de la iniciativa en la instancia especializada.
Ministro Marcel destacó que “este es un proceso acumulativo (de diálogo) que esperamos que redunde
en un buen proyecto que nos pueda representar a todos”.
Valparaíso, 13 de marzo de 2024.- Por unanimidad, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y
Diputados aprobó en general el Proyecto de Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, iniciativa que
forma parte del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Ahora,
empezará la etapa de discusión en particular de cada artículo y la presentación de indicaciones.
Este proyecto de ley busca recaudar 1,5% del PIB a través de 7 ejes temáticos: i) Modernización de la
administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros; ii) Control de la informalidad; iii) Delitos
tributarios; iv) Planificación tributaria agresiva; v) Nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente; vi)
Regularización de obligaciones tributarias; vii) Fortalecimiento institucional y probidad.
Con los recursos que provengan de esta iniciativa, se podrá financiar más de la mitad de los compromisos
establecidos en el Pacto, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000, incrementar
el financiamiento para seguridad pública, reducir los tiempos de espera en salud y desarrollar un Sistema
Nacional de Cuidados.
“Este proyecto lo que busca es algo muy simple: que los contribuyentes paguen lo que les corresponde en
materia tributaria. Hoy desgraciadamente no es así. Hay quienes evaden impuestos. Hay quienes eluden
impuestos, es decir, aprovechan resquicios de la legislación para pagar menos. También tenemos, por supuesto,
problemas de informalidad, comercio ambulante que no paga impuestos, comercio que se hace a través de
internet, compras y ventas que tampoco pagan impuestos. Y también tenemos situaciones en las cuales se
pagan menos impuestos por desconocimiento del contribuyente. Entonces este es un proyecto que
desincentiva y que aquellos contribuyentes que sí cumplen oportunamente, no se enfrenten a una competencia
desleal por parte de quienes no actúan de acuerdo a la ley”, precisó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Asimismo, la autoridad remarcó: “Quisiéramos también destacar que hay varios temas que forman parte de este
proyecto que surgieron de diálogos previos. Particularmente en el caso de las pymes, dos de los siete ejes de
este proyecto, surgieron de nuestras conversaciones con ellos. Así que en realidad este es un proceso
acumulativo que esperamos que redunde en un buen proyecto que nos pueda representar a todos”.
En su exposición, el ministro Marcel señaló que el Gobierno está abierto a eliminar la compensación económica
para el denunciante anónimo, sin que ello signifique eliminar la figura y sin incrementar las sanciones a las
denuncias maliciosamente falsas, dado que no existiría proporcionalidad. Esto, teniendo presente que la
redacción asegura que el anonimato solo ocurre cuando se entregan antecedentes relevantes.
Respecto de la Norma General Antielusiva (NGA), el secretario de Estado explicó que el Ejecutivo contempla
hacer algunas innovaciones en el proyecto al regular “expresamente la carga de la prueba, señalando que es el
fiscalizador, o sea el Servicio de Impuestos Internos, quien debe acreditar que se cumple el presupuesto de
abuso o simulación, pero le corresponde al contribuyente acreditar la existencia de efectos económicos
relevantes distintos de los tributarios o que su operación está dentro de las opciones razonables que entrega
la legislación tributaria. Es decir, dar mayor claridad que en el procedimiento se prueban hechos positivos”.
En cuanto a las dudas que surgieron respecto a la doble tributación que podría producirse en las donaciones
revocables, también existe la disponibilidad de abordar la norma de una manera que no ocurra un doble pago
de impuestos, pero la autoridad recalcó que no existen argumentos de peso para liberar de impuesto a estas
donaciones.
Asimismo, acotó Marcel, “si uno libera del impuesto las participaciones en sociedades, bastaría con incorporar
todos los activos propios de una herencia en una sociedad para que simplemente no se pagara impuesto y eso
sería un poco la muerte del Impuesto a la Herencia. Y por supuesto, hay gente que no le gusta el Impuesto a la
Herencia, pero esa es otra discusión. Aquí estamos hablando de cómo hacer cumplir con el con el pago de los
tributos”.
Finalmente, el ministro valoró el resultado de la votación: “este es un muy buen paso. Es el primer paso
institucional en la tramitación de esta iniciativa y, a partir de lo que se ha conversado con los diputados y
diputadas de la Comisión, se irá avanzando paralelamente en votar algunos de los temas que son de más fácil
despacho, junto con una mesa técnica que buscará consensuar indicaciones para el resto de estas materias.
Todo esto con la idea de que la votación se pueda completar a comienzos del mes de abril”.
Contenido del Proyecto
El proyecto en total tiene 7 ejes, con más de 30 medidas. En el eje de Modernización de la administración
tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, apunta a que las administraciones tributarias avancen de
forma periódica en procesos de modernización que permita el mejor uso de las tecnologías disponibles en el
ejercicio de sus procedimientos de fiscalización.
Así, destacan medidas como la modificación para el levantamiento del secreto bancario o la notificación por
correo electrónico en las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), Tesorería General de la República
(TGR), Servicio Nacional de Aduanas y Tribunales Tributarios y Aduaneros, como regla general.
Respecto del control de la informalidad, que genera un enorme daño a la recaudación fiscal, la iniciativa se
enfoca en el combate de esta práctica a gran escala vinculada al crimen organizado. Para ello se impulsarán
medidas como modificar el delito que sanciona el comercio clandestino u obligar a bancos e instituciones
financieras a alertar cuando un contribuyente reciba más de 50 transacciones de distintas cuentas en un mes.
En cuanto a delitos tributarios, se resalta la importancia de la moral tributaria de la población en el sentido que
los contribuyentes que en su enorme mayoría cumplen con sus obligaciones tributarias mantengan dicho
comportamiento al darse cuenta de que la administración tributaria persigue a quienes cometen delitos. Para
lograr una efectiva persecución, se creará la colaboración sustancial para desbaratar estructuras delictivas
tributarias, se incorporará el denunciante anónimo a partir del éxito en otras jurisdicciones y se incrementarán
sanciones a quienes faciliten o utilicen documentos tributarios falsos, entre otras medidas.
Respecto de la planificación tributaria agresiva, el proyecto refuerza que los contribuyentes no pueden alterar
de forma ilegítima su carga tributaria, con esquemas diseñados para evitar o aminorar sus obligaciones
tributarias o trasladar los beneficios hacia territorios con menor tributación. Por ello, se mejorará la norma
general anti elusiva permitiendo una mejor aplicación e interacción con las normas especiales antielusión, se
actualizarán las normas de control en materia de tributación internacional y se modernizará aquella que regula
la tasación del SII y las reorganizaciones empresariales, entre las medidas más destacadas.
A la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) se le entregarán nuevas facultades para realizar acompañamiento
a los contribuyentes y educar sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. Además, se incluye dentro de
su rango de acción representar a los contribuyentes ante Tesorería o Aduanas; y el acceso a información
tributaria para cumplir sus funciones.
El sexto eje de regularización de obligaciones tributarias tiene como fin que los contribuyentes puedan saldar
sus deudas tributarias, para lo que se modificará el cálculo de la tasa de interés y se flexibilizarán las condiciones
para la suscripción de convenios de pago. También se proponen tres medidas transitorias: repatriar capitales,
término anticipado a juicios, previo pago de deuda, y la posibilidad de acceder a convenios de pago con
condonación de intereses y multas.
Finalmente, el texto indica que el fortalecimiento institucional y la probidad tienen un impacto directo en la
recaudación tributaria, pues los recursos destinados a esta materia terminan generando un mayor incremento
en la recaudación fiscal. Para ello se fortalecerá la administración tributaria, se incorporarán normas sobre
movilidad y retención del personal de Aduanas, Tesorería, SII y Defensoría del Contribuyente, y se exigirá a los
funcionarios encargados someterse a un alto grado de probidad.