El Decreto 265 no sirve para detener la migración irregular

Aunque algunos sectores de la ciudadanía se complacen al ver a militares construyendo zanjas frente a Colchane, la realidad es que el flujo de personas por pasos no habilitados hacia Tarapacá no bajó ni siquiera con Estado de Excepción. La presencia de las Fuerzas Armadas ahora se respalda con un decreto, pero que la Contraloría autoriza solo para labores de apoyo contra actividades criminales.

Isabel Frías

Periodista U.C.

Este sábado y domingo, la prensa nacional volvió a resaltar lo que ya sabía nuestra región gracias a un par de comunicados del Ejército tras finalizar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en el Tamarugal y otras tres provincias de la zona Norte, todas afectadas por una crisis migratoria sin precedentes.

En un texto oficial, la Jefatura de la Defensa Nacional (Jedena) –constituida en nuestra provincia fronteriza a partir del 14 de febrero– comunicó a la ciudadanía que ese órgano desde las 00 horas del 15 de abril ya no ejercía atribución ni mantenía “vínculo de dependencia” con ninguna dotación de las Fuerzas Armadas ni con personal de Orden y Seguridad Públicas para los efectos de dicha excepcionalidad.

De manera previa, no obstante, el General Marcos Jaque Cereceda tuvo la gentileza de compartir con los medios locales su análisis en formato escrito. En él, el alto uniformado destacó –con satisfacción– algunos hitos en las labores que realizó la dotación castrense bajo su mando.

Jaque Cereceda puso de relieve frente a la opinión pública lo siguiente “9.823 personas fueron ingresadas al proceso de reconducción, hubo 17 detenidos por narcotráfico, 51 por el delito de tráfico de migrantes, con la Seremi de Transportes se quitó de circulación a 51 vehículos por falta de documentación y/o licencias de conducir profesional para traslado de pasajeros, se rescató a más de 800 personas atrapadas en pasos no habilitados y se construyó una zanja de 3.546 metros para mitigar el paso ilegal de migrantes”.

El quid del problema migratorio regional hay que buscar haciendo una operación aritmética: De esas cerca de 10.000 extranjeros a los cuales se intentó reconducir hacia país por donde habían ingresado a Chile, apenas “688 fueron recibidas por Bolivia por ser sus compatriotas”.

Armando una suerte puzzle informativo, se puede concluir preliminarmente que el resto de los 9.000 extranjeros volvió a nuestro territorio, acá se hicieron los test de covid-19 y fueron trasladados rumbo a residencias sanitarias.

Luego de cumplir la cuarentena de rigor, es improbable que alguna autoridad tenga exacto conocimiento del paradero de este grupo de hombres, mujeres y niños –en su mayoría de nacionalidad venezolana– que ingresaron a nuestro país en el lapso de los dos meses en que operó la disposición constitucional.

CONTRALORÍA PONE LÍMITES

Cuando mucha gente pensó erróneamente que la presencia militar bajaría el número de migrantes que ingresan por Tarapacá, es urgente precisar que los legisladores autorizaron el Estado de Excepción para que las FFAA colaboraran con las policías –aportando profesionales, logística e instrumental de alta tecnología– para contener el ingreso de bandas criminales dedicadas a delitos como el tráfico de drogas, de armas, receptación de vehículos, contrabando, etc.

Algo que, un año antes, ya había dispuesto el Decreto 265 del ministerio de Defensa, donde se añadió la trata de personas: “La amplia extensión territorial y las extremas características geográficas y climáticas de la frontera de nuestro país, dice el Decreto,  constituyen condiciones objetivas que requieren que determinados sectores fronterizos sean reforzados, con miras a la prevención, detección y control de ilícitos asociados al narcotráfico, crimen organizado transnacional y tráfico ilícito de migrantes”.

Frente a esta inquietud, Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, ya adelantó que el gobierno seguirá recurriendo a los institutos armados, pero amparados por este Decreto 265 y siempre pensando en controlar la delincuencia, esa que siempre parece ir más adelante que nuestra institucionalidad.

¿Cruzar hacia Chile por un paso habilitado sin visa? Nadie va a detener a ningún migrante por esas razones ya que no es un delito penal ni tampoco resorte de las Fuerzas Armadas.

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