El abogado Ricardo Ibañez dijo que, si bien la regulación ha dado una segunda oportunidad a miles
de personas y empresas, algunas modificaciones recientes a la norma no ayudan a resolver casos
más complejos de insolvencia económica.
Cuando se cumplen nueve años de la Ley 20.720, de Reorganización y Liquidación de Empresas y
Personas, conocida como “Ley de Quiebras”, el abogado y fundador de Defensa Deudores, Ricardo
Ibañez, sostuvo que la norma “tiene mucho de dulce y agraz, ya que ha permitido a miles de
personas naturales y empresas de distinto tamaño enfrentar su situación de manera responsable y
en muchos casos volver a empezar, pero a diario constatamos que no se hace completamente
cargo de la realidad económica que enfrentan las personas y las empresas en el país”.
El abogado Ibáñez dijo que las modificaciones a la ley 20.720 que entraron en vigencia el 11 de
agosto pasado, generaron “procedimientos simplificados, más accesibles y económicos para las
Mipyme que son económicamente viables que requieren oxígeno para revertir sus resultados
negativos y evitar la quiebra, pero también incluyó mayores exigencias para el proceso de
liquidación que se traducen en trabas insoslayables para los casos más complejos”, apuntó.
“Cuando uno mira el Chile real ve, por ejemplo, casos de personas que han perdido su empleo y se
ven en la necesidad de vender su auto u otros bienes para pagar cuentas o amortizar sus deudas. Y
si a pesar de ello no logran resolver su alto endeudamiento, podrían recurrir a la liquidación
(quiebra) como una solución definitiva. Sin embargo, se exponen a eventuales denuncias por
posibles delitos tributarios por haber realizado venta de activos con la finalidad de pagar a sus
acreedores”, explicó el experto.
Otro aspecto complejo, según señaló, tiene que ver con la solicitud de una gran cantidad de
documentos que en ocasiones es difícil obtener por la compleja situación financiera de empresas y
personas deudoras que deciden someterse a un proceso de quiebra. Por ejemplo, presentar las
últimas 24 cartolas bancarias, en circunstancias que los bancos, en muchos casos, les han cerrado
estos productos y no proporcionan la información requerida.
Ricardo Ibáñez, fundador del estudio jurídico que desde hace 24 años asesora a personas
naturales y Pymes con problemas de endeudamiento, estima que el 2023 concluirá con un
incremento de solicitudes de quiebra como consecuencia de múltiples factores nacionales e
internacionales que han seguido complicando la situación económica en el país.