- La conmemoración de este 91° aniversario de la institución va acompañada del envío al Congreso Nacional del proyecto de ley de fortalecimiento del SERNAC.
- La iniciativa de ley busca dotar al SERNAC de facultades sancionatorias mediante un proceso administrativo ágil, eficaz y transparente.
El SERNAC cumplió, el pasado 30 de agosto, 91 años al servicio y defendiendo a las y los consumidores del país. Su rol en defensa de la comunidad seguirá siendo desempeñando con mayor fuerza y compromiso, especialmente ahora que, próximamente ingresará al Congreso Nacional el proyecto de ley de fortalecimiento anunciado por el presidente de la República, Gabriel Boric, en su pasada cuenta pública, y que busca entregarle al Servicio la facultad sancionatoria junto con otras herramientas.
Al respecto, el Director Nacional del SERNAC, Andrés Herrera, sostuvo que “este nuevo aniversario tiene un significado muy importante para nuestra institución y cada uno de sus actuales funcionarios, tanto por el camino recorrido durante estos largos 91 años, construido también por muchos ex funcionarios y ex Directores; como por su consolidación institucional y por el desafío del proyecto de ley que ingresará próximamente al Congreso Nacional y que fortalecerá y modernizará nuestro querido Servicio”.
Proyecto de Ley
El proyecto de ley busca otorgar mayores herramientas al SERNAC, entre ellas, la facultad de sancionar a las empresas que no ofrezcan soluciones oportunas y pertinentes a los consumidores en problemáticas individuales de consumo. Así, a través de un procedimiento administrativo eficiente, expedito y debidamente regulado, el Servicio podrá además adoptar otras medidas para defender a las personas, como, por ejemplo, obligar a los proveedores a restituir cobros mal efectuados y disponer otras acciones preventivas. En este contexto, este proyecto de ley contempla además establecer una gestión de reclamos expedita, eficaz y transparente, donde se impone la obligación y se establecen incentivos a las empresas para responder los reclamos que las y los consumidores les formulen.
Asimismo, se refuerza el rol que desempeña el SERNAC en la gestión de los reclamos que recibe, imponiendo a las empresas la obligación de responderlos, con lo que se generarán incentivos para que éstas puedan ofrecer reparaciones rápidas y efectivas para las y los consumidores.
“Con las nuevas herramientas y facultades que debería disponer el SERNAC, si este proyecto se convierte en Ley, como país estaríamos dando un nuevo y gran paso en la línea de fortalecer los derechos de las y los consumidores”, indicó el director nacional, Andrés Herrera.
Datos
Desde la reforma del 2019, el SERNAC ha presentado 50 demandas colectivas logrando más de veinte y siete mil novecientos sesenta millones de pesos (MM$ 27.960) en compensaciones e indemnizaciones, beneficiando a casi 4 millones de consumidores; además de 1.621 UTM en multas en casos colectivos.
Asimismo, el SERNAC, en el mismo periodo, inició 68 Procedimientos Voluntarios Colectivos, logrando acuerdos por más de $62 mil millones y US$1.278.003,21 en compensaciones, beneficiando a un universo estimado de 3.830.600 consumidores (3,8 MM de consumidores).
Actualmente el SERNAC, en casos de reclamos individuales, no cuenta con las herramientas suficientes para dar una solución oportuna y eficaz a los problemas de las y los consumidores, siendo prueba de ello que un 43% de los reclamos no se resuelven satisfactoriamente en favor de las personas.
La autoridad recalcó que este proyecto se hace cargo del diagnóstico de un problema y, como consecuencia de ello, de una imperiosa necesidad de resolverlo, mediante un estándar de protección más elevado, y que las y los consumidores nos requieren día a día, todo ello acorde con la estatura que tiene el país en materia de funcionamiento de los mercados. Asimismo, la autoridad expresó su deseo de lograr un apoyo transversal a esta iniciativa legal y que su tramitación legislativa sea expedita.
Finalmente, el director nacional, Andrés Herrera, manifestó que “la posibilidad de sancionar será el último recurso, pues esta iniciativa entrega incentivos previos para que las empresas resuelvan los problemas, mediante la obligación de responder y buscar una solución cuando se recibe el reclamo, condición que debería ser básica y esencial”.