Se despacha a ley el mayor incremento del salario mínimo en 25 años, con nuevos instrumentos de apoyo a Mipymes y bonificación por Canasta Básica Protegida

  • Cerca de un millón de trabajadores y trabajadoras se verán beneficiados por el histórico reajuste de
    14,3%. En tanto, 180.000 Mipymes recibirán el subsidio y 3,3 millones son los causantes que
    accederán a la Canasta Básica Protegida.

A poco más de dos meses de su instalación, el gobierno del Presidente Gabriel Boric logró hoy
despachar a Ley con una sustantiva aprobación de ambas cámaras del Congreso el proyecto de
reajuste del salario mínimo. En su tercer y último trámite legislativo, la Cámara de Diputados aprobó
por unanimidad un aumento en dos fases, desde los actuales $350.000 hasta $380.000 en mayo, para
llegar a $400.000 en agosto, beneficio que favorecerá a más de 800.000 trabajadores y trabajadoras
de Chile.
“Aquí hay un esfuerzo muy importante en términos de entregar este aumento del ingreso mínimo,
ser innovadores al introducir nuevos mecanismos y comprometer recursos fiscales en apoyo de las
trabajadoras y trabajadores y sus familias, en momentos en que la inflación está preocupando a todos
los hogares del país”, señaló al ministro de Hacienda Mario Marcel, tras la votación, destacando que
lo que empezó con dialogo, terminó con aprobación unánime en el último trámite en la Cámara de
Diputados.
“El proyecto se mejoró, por lo que agradecemos a los diputados y diputadas y senadores y senadoras
por el aporte que hicieron”, manifestó el secretario de Estado.
Este proyecto contiene varias características inéditas. Primero fue resultado de un acuerdo con la
Central Unitaria de Trabajadores, CUT, después de 6 años de negociaciones infructuosas. Segundo,
es el mayor incremento en los últimos 25 años con un reajuste de 14,3%. Tercero, incorpora nuevos
elementos como un subsidio especial a las Pymes para ayudarlas a complementar el aumento de
remuneración de sus trabajadores, y un apoyo especial a las familias considerando el alza en el costo
de la vida.


Cabe destacar que el histórico incremento, que se elevará a $410.000 en enero de 2023 si la inflación
a 12 meses en diciembre próximo supera el 7%, va acompañado de otras importantes medidas, las
cuales fueron fruto de un trabajo prelegislativo, mediante el cual el gobierno firmó acuerdos con la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y con diez organizaciones de Mipymes.
Entre éstas figuran un reajuste de la Asignación Familiar y Maternal y el Subsidio Único Familiar (SUF),
cuyos causantes, 2,1 millones y 1,2 millones respectivamente, recibirán además un innovador aporte
mensual por el concepto de Canasta Básica Protegida (CBP). Con el objetivo de compensar el efecto
del incremento del costo de la vida en los hogares más vulnerables del país, este beneficio también
se dirigirá a los 41.462 causantes del Programa Seguridades y Oportunidades y de Chile Solidario,
totalizando así 3,3 millones de beneficiarios.
Es importante considerar que el aporte de la CBP se irá ajustando mes a mes en base a la inflación
anualizada de la canasta básica de alimentos. De esta manera, la CBP de mayo será de $6.410 en base
a la variación entre marzo 2021 y marzo 2022. En tanto, dado que la variación de abril 2021 y abril
2022 resultó mayor, la CBP de junio llegará a $7.342. Este beneficio se extenderá hasta abril de 2023.
Otro elemento relevante e innovador, de esta nueva Ley de la República, será el subsidió en apoyo a
un total de 180.000 Mipymes para que el incremento del salario mínimo no vaya en desmedro del
empleo. Según quedó establecido, por trabajador afecto al aumento, estas empresas recibirán
$22.000 a partir de mayo, $26.000 desde agosto y en caso de que enero se aplique el reajuste por
inflación al sueldo mínimo, el aporte aumentará a $32.000, hasta la próxima negociación dl salario
mínimo.
Por otra parte, entre las indicaciones que se agregaron a la iniciativa en su paso por el Congreso, se
cuenta el adelanto, desde el 1 de julio al 1 de junio, del primer reajuste de la Pensión Garantizada
Universal (PGU), para lo cual se considerará la inflación registrada entre febrero y de este año, lo que
beneficiará a 1.923.141 pensionados.
Cabe destacar que, en su origen, el proyecto contemplaba un costo de $274.679 millones a 2022. En
base al diálogo con parlamentarios, las indicaciones en la Cámara adicionaron $36.275 millones y las
del Senado otros $18.207 millones, de manera que el proyecto tendrá un costo fiscal total de
$329.160 millones este año.


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