- El organismo informó que las nuevas medidas se aplicarán primero en la Región Metropolitana y luego se extenderán a las regiones, durante abril. Un anuncio que coincide con una querella contra un funcionario por presunto “tráfico de horas” y baches en la atención a público.
Isabel Frías
Periodista U.C.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, el abogado Luis Cordero Vega, ha sido muy elocuente en relación a la denuncia que se presentara sobre un funcionario del registro civil que vendía “horas de atención” y no trepidó públicamente de calificar el hecho como un “acto de corrupción”.
La causa abierta es un tema que ha dado que hablar no solo a nivel Metropolitano, sino también en regiones como Tarapacá y toda la Macrozona Norte debido a las dificultades que tiene la población para cambiar y renovar sus cédulas de identidad, fenómeno que se presentó durante el período de restricciones que impuso la pandemia del coronavirus al restringir las atenciones presenciales en las diferentes oficinas territoriales.
Según ha informado la Dirección Nacional de esa repartición, encabezada por Omar Morales, se presentó de manera formal una querella en contra del trabajador en cuestión por los delitos de cohecho y fraude.
Sin embargo, estas críticas no sólo se focalizaron en las acciones contra el funcionario que cobraba alrededor de $70 mil por la entrega de números de atención, sino que también alcanzaron al controvertido “sistema de agendamiento online” que se implementó en 2021 y que ha generado agendamientos tardíos de hasta para cinco meses más.
“La pandemia terminó y el registro civil sigue con un sistema lento, pensado para el distanciamiento social”, retrucan los usuarios molestos por los agendamientos.
DE MARZO A JUNIO
En respuesta al punto de menor cobertura de atención, la entidad gubernamental ha señalado que –en general– alrededor de un 30% de las horas solicitadas a través de la web institucional simplemente se “pierden” porque las personas no asisten a sus citaciones generadas computacionalmente a través de internet.
Son los propios trabajadores del servicio de registro civil, quienes argumentan que la entidad tiene acumuladas hasta la fecha alrededor de un millón de cédulas de identidad “por renovar”, en tanto sucede algo similar con un millón y medio que estarían “por vencer”.
Consultado sobre esta situación específica, el ministro Luis Cordero también ha declarado que el director nacional –quien asumió en diciembre de 2022– fue instruido para generar mecanismos de gestión en la atención a público y de ese modo enfrentar en forma eficaz la alta demanda que atraviesa el organismo estatal dependiente de su Cartera.
De acuerdo a la información entregada a la prensa por Omar Morales, el registro civil tomará dos caminos para dar solución a la coyuntura y se aplicarán a partir del presente mes y hasta junio del presente año, estrenado esta nueva estrategia en regiones a contar de abril preliminarmente.
La primera de las medidas será extenderlos días de atención hasta los días sábados, primero en la capital y luego en regiones:“Gracias a este plan, esperamos poner a disposición de los usuarios cerca de 40 mil nuevas horas durante todo el primer semestre, adicionales a las que ya estaban agendadas.
El segundo camino tomado ha sido llamar a la población a que se programe y agende con antelación su número de atención y no espere que haya vencido su cédula para solicitar una hora en el caso de las renovaciones.
FALENCIAS ACTUALES
Finalmente, en relación a la denuncia por “tráfico de horas”, la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil (Anercich) condenó los hechos de corrupción que investiga el Ministerio Público y pidió renovar de manera urgente los equipos de trabajo.
“Queremos hacer énfasis en que los problemas de agendamiento en oficinas no pueden esperar”, indicó el gremio mediante un comunicado público.
Humberto Miranda, presidente de la asociación,ha deslizado falencias institucionales: “Si uno va al norte, a Arica, Alto Hospicio o Pica, donde han ingresado migrantes, las oficinas están desbordadas. Incluso, tenemos oficinas unipersonales donde los funcionarios no sólo se encargan de las cédulas de identidad, sino que también de matrimonios, permisos vehiculares, posesiones efectivas, entre otros. Hace años que nosotros hemos traspasado esta preocupación a las autoridades, ministros y parlamentarios. Como funcionarios estamos sobrepasados”, sostiene.
Omar Morales desmiente que exista escasez de personal, señalando que las malas prácticas detectadas responden “a una actuación de crimen organizado”.