“La institucionalidad ambiental no tiene dientes para fiscalizar” 

El constituyente Luis Jiménez Cáceres –que representa a nuestra región en su calidad de representante del pueblo aymara– destaca la buena fe que prima en el trabajo de la Convención. En entrevista exclusiva con El Longino, el abogado de la U. de Chile explica el concepto de justicia que definirá la próxima Carta Fundamental y cómo serán las nuevas relaciones entre comunidades indígenas y las empresas mineras.  

Isabel Frías 

Periodista U.C.

Luis Jimpenez Cáceres llegó a la Convención Constituyente a través del sistema de “escaños reservados para pueblos originarios” y conoce de primera fuente la realidad que la población indígena, tanto en nuestra región como en la vecina Arica y Parinacota. 

De hecho, aunque es ariqueño por nacimiento, posee una vinculación con Tarapacá bastante estrecha gracias a que la madre de este abogado aymara es de esa misma etnia y nacida acá. 

Muy didáctico para explicar, Jiménez Cáceres dice estar esperanzado del resultado que finalmente tendrá el trabajo que desarrollan los 154 constituyentes en ejercicio, para quienes se acortan los plazos predefinidos por la reforma constitucional que abrió la posibilidad que Chile vote una nueva Constitución durante el último semestre de este 2022. 

Si bien la fecha final de estudio y redacción de la futura Carta Fundamental termina el próximo 4 de julio, durante febrero ya se observa nuevas dinámicas de trabajo, con plazos cada vez más ajustados y un enorme interés sobre el devenir de temas tan relevantes como la justicia indígena o cómo convivirán con las comunidades indígenas las importantes empresas mineras presentes en Tarapacá y toda la zona Norte del país.  

Usted integra la Comisión 6 sobre Sistemas de Justicia. ¿Qué temas se están viendo allí?  

– Estamos estudiando todos los tipos de justicia, entre ellas la justicia indígena, pero también el resto tales como la justicia vecinal, penal y todos lo que tiene que ver con los tribunales, reformas constitucionales, los órganos autónomos y de control, entre otros. 

¿Cuál es el valor que usted le da a estas 67 iniciativas populares que presentaron personas que pertenecen a alguna etnia indígena chilena? 

– Le agradezco la pregunta, porque nosotros valoramos esas iniciativas. De partida porque tenían requisitos especiales para ser aceptadas y, en segundo término, porque a pesar de las dificultades que existieron igual muchos dirigentes y personas se atrevieron a participar. 

Ahora, también rescato que llegaron todo tipo de iniciativas. Por ejemplo, hay algunas que se refieren incluso a garantizar ciertos principios como el Kume Mongen, que tiene que ver con el “buen vivir”. También existen otras que garantizan el Itrofil Mongen, que apunta al respeto entre todas las formas de vida. 

En definitiva, la gente pudo participar y las comunidades hicieron llegar sus ideas a cada una de las 7 comisiones temáticas que existen. 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que menciona? 

– Primero, todas ellas vienen por la falta de apoyo presupuestario que está teniendo este gobierno saliente y que se refleja en que la Convención no cuenta con un equipo fuerte de comunicaciones. 

A pesar de los esfuerzos que han hecho los equipos de la antigua y actual Mesa Directiva, sabemos que hay un déficit ahí. Y ello ha impedido que todo esto se masifique. Personalmente yo hubiese esperado que las Iniciativas Populares se hubiesen informado por los canales informativo abiertos, por las radios, los diarios, etc. 

Sin embargo, los convencionales más comprometidos se encargaron de ir informando a través de los trabajos territoriales que realizan y de esa manera se explica la gran participación de los pueblos originarios. 

Usted integra la Comisión 6 donde que estudia temas son tremendamente especializados ligado a la justicia, ¿cómo se ha dado la conversación entre convencionales tan diferentes entre sí? 

– En las diferencias a veces muy profundas que hay entre los distintos constituyentes, creo que hasta ahora ha primado un clima de respeto y buena fe, con un trato respetuoso, amable. Por ejemplo, yo no solo veo iniciativas que vienen de parte mías, sino de personas que uno pudiera estar bastante muy alejado de mi pensamiento, y ese material uno lo revisa con atención porque sabemos que hay un trabajo detrás. 

Desde mi perspectiva, creo que lo más transparente es revisar todas las iniciativas y hacer los comentarios de buena fe, de tal manera de ir haciendo los acuerdos necesarios para que se alcancen los dos tercios que se requieren. 

Diría, que todos y todas realmente queremos tener las mejores propuestas de justicia para proponerlas al Pleno de la Convención y a la gente. 

¿Qué opina sobre las críticas que expresaron los jueces de la Corte Suprema al trabajo de la Comisión 6? 

– Entiendo que la molestia de ellos surgió de una propuesta de dar 8 años al cargo de juez y yo, no estando de acuerdo con la idea porque una propuesta mal diseñada puede afectar la independencia judicial, pero estoy de acuerdo en que la Corte Suprema no actuó bien, porque según el código orgánico que los rige deben abstenerse de emitir ese tipo de comentarios porque están para resolver casos particulares. 

Si me pregunta, diría que existe un desconocimiento del proceso que lleva adelante la Convención: Esta es la primera etapa del debate en que votamos para que la idea se discuta. 

Pasa también con todas las Iniciativas de Norma donde participó la ciudadanía, en que mucha gente cree que esas propuestas pasarán a integrar el borrador final de la nueva Constitución. 

– Por supuesto. Y ahora vamos a trabajar en la votación particular de todas estas propuestas, tras lo cual debemos como comisión llegar a un texto consensuado: Se vota en particular y si obtiene la mayoría, recién ahí pasa como una propuesta que tendrá que ver el Pleno de la Convención, donde otra vez se votará, pero allí deberá alcanzar un respaldo mínimo de dos tercios. 

¿Usted cree factible que Chile tenga una justicia indígena a futuro?
– Esa es una muy buena pregunta. Yo tengo la esperanza que sí porque una parte tiene que ver con nuestra cultura, con revitalizarla, pero un punto muy persuasivo es el tema de acceso a la justicia. Veamos como ejemplo lo que ocurre en Colchane que, a pesar de ser municipio, los habitantes no tienen Juzgado de Policía Local y, para resolver la cancelación de una multa ellos tienen que bajar a Iquique, Alto Hospicio o Pozo Almonte. Y en Arica pasa exactamente lo mismo. 

La justicia indígena tiene que ver con respetar nuestra cosmovisión, pero garantizar una justicia cercana la gente donde ella pueda resolver sus conflictos más específicos y además esperamos que en todos los tribunales del país se respete nuestra cosmovisión que genere espacio intercultural. 

Pasando al tema medioambiental, ¿cómo se está dando la conversación sobre la relación de las comunidades y la actividad productivas como el cobre y el litio, ambos recursos presentes en Tarapacá? 

– Diría que nosotros no estamos de acuerdo con un extractivismo desatado en Chile. Por una parte, no hay leyes hoy que protejan efectivamente el medioambiente y, por otra, la institucionalidad existente no tiene dientes para fiscalizar su cumplimiento: Esa demanda ha tenido eco y nosotros queremos cambiar esa realidad. 

Esto se da en un contexto histórico y cultural, porque nuestras comunidades originarias tenemos una conexión espiritual con el territorio y tenemos que ver que las empresas y el Estado entran como “Pedro por su casa” y nosotros efectivamente tenemos la demanda de garantizar mejor los derechos de la naturaleza y la protección de los territorios indígenas. 

Las empresas mineras, sabrás, muchas veces tienen programas especiales donde apoyan con recursos materiales a algunas comunidades. 

– Mi postura personal es que debieran prohibirse esos contratos o tratos directos entre empresas y comunidades, porque no debiera quedar al arbitrio de sujetos privados materias que son colectivas y tal vez habría que pensar una institucionalidad parecida a la relación entre trabajador y empleador donde los contratos son visados por un tercer organismo, independiente. 

Estamos, de hecho, proponiendo la defensoría de los Pueblos Indígenas para que se den estos acuerdos, pero garantizando que no haya abuso, que se respete el medio ambiente y los territorios.  

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